Durante el 1° Plenario Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), el Defensor de los Vecinos Javier Rodríguez, solicitó a sus pares la adhesión a la iniciativa del Senado de la Nación de declarar la provisión de gas envasado en garrafa como Servicio Público Nacional y pidió impulso al proyecto de ley que establece un 
subsidio del 50% para las provincias del NEA. Además manifestó su interés por el inicio de obras del Gasoducto que abastecerá a Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe.
En la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba se reunieron este viernes 8 de abril y sábado 9, Defensores de todo el país, donde plantearon diversas problemáticas comunes que afectan a los ciudadanos. En este contexto, Rodríguez planteó la problemática y situación actual del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el nordeste, sobre todo en cuestiones de accesibilidad ya que a partir de la quita del subsidio otorgado por el Gobierno Nacional, aumentó considerablemente el costo del servicio.
El Defensor Correntino, resaltó la importancia de adherir a la iniciativa del Honorable Senado de la Nación de declarar como Servicio Público Nacional la provisión de gas licuado de petróleo envasado en garrafa. También recomendó solicitar a los titulares de las Comisiones de Minería, Energía Y Combustibles, de ambas cámaras Legislativas del Congreso Nacional, que impulsen la discusión del proyecto de ley, presentado por el expediente: 2333-15, por el que se establece un subsidio del 50% para los usuarios de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, ya que no cuentan con distribución de gas en red gas natural.
Rodríguez explicó que “desde que quedó sin efecto el subsidio que recibían las plantas de GLP de todo el país incrementaron los precios para compensar la ausencia de dicho beneficio, esto significó un incremento de más de 30 pesos por garrafa de 10 Kg, lo que repercutió inmediatamente en los sectores más vulnerables”, señaló el Ombudsman y agregó que: “Es deber del Estado el de asegurar el aprovisionamiento del GLP, con políticas de consumo que priorice a las zonas más desfavorecidas por la falta de infraestructura”.
Por ello, convocó a los Defensores a aunar esfuerzos para que este gas sea declarado servicio público, “esto implicaría que el Estado se ajusta a lo establecido en nuestra Constitución Nacional, donde el artículo 42 establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.
No obstante, el Defensor destacó que estas iniciativas “son paliativos momentáneos”, ya que manifestó su interés por la agilización de obras en la construcción de del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA). Al respecto destacó que “permitirá que las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe cuenten por primera vez con suministro de gas natural por redes, saldando una deuda histórica con la región”.
“El proyecto total del GNEA contempla 4.144 km de Gasoductos Troncales y de aproximación. Nace en el Gasoducto Juana Azurduy y abastecerá a 168 localidades de 6 provincias, 65 localidades entre Corrientes y Misiones, 31 de Formosa, 34 de Chaco, 37 de Santa Fe y 1 de Salta. Una vez finalizadas las redes domiciliarias, brindará provisión de gas a 3.400.000 personas”, indicó Rodríguez.
